“Lo que hay que hacer primero es hacer un ecosistema legal en la cual el mercado funcione de tal manera que haya vivienda para todo el mundo”, ha afirmado Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili en la sesión inaugural de las Jornadas jurídicas ‘Vivienda en España: problemas actuales y posibles soluciones’, organizadas por Beatriz Sáenz de Jubera Higuero.
Nasarre Aznar, que ha ofrecido la conferencia ‘Situación actual y problemas respecto a la vivienda en España un año después de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda’, considera que hay que “favorecer la rehabilitación, donde corresponda a la construcción, tenencias alternativas como la propiedad compartida o el cooperativismo”, ha detallado.
El catedrático catalán considera que “las leyes que se han ido haciendo estos últimos 17 años han ido excluyendo a las familias de clase media, media y baja del acceso a la vivienda en propiedad, lo que hay ha implicado una presión sobremanera del mercado”.
Ha puesto el ejemplo de “las normas en alquiler” que, en lugar de favorecer “esa nueva llegada de gente expulsada del mercado de propiedad, lo que han hecho es contraerlo y dificultarlo aún más” o, sobre el fenómeno de la ocupación, se ha dificultado “el desalojo de los okupas, lo que ha creado una sensación de inseguridad jurídica en toda la población”.
Matilde Cuena asegura que “obviamente hay un problema de vivienda asequible, pero también hay una serie de incentivos regulatorios. La legislación es mala”, lo que favorece la 'okupación'
“Soluciones, por ejemplo, como el control de renta en Cataluña, tampoco ha funcionado. No ha resultado atractiva” y, sobre “soluciones exóticas” como el coliving, “que básicamente es vivir una habitación pagando 600 € con cuatro personas más cuando tienes 45 años y un perro”, ha afirmado que “es inaceptable”.
Por todo ello, considera que “es normal que la gente pues vaya a las calles, se manifieste y proteste por esta cuestión”, aportando el dato de que en 2022 “las familias españolas estaban más sobreendeudadas a causa de la vivienda que en los peores años de la crisis”.
Aunque Sergio Nasarre considera que “es difícil resolver un problema tan estructural como es el de la vivienda solamente con recursos públicos”, sí cree que debe haber un stock de vivienda protegida para “gente muy vulnerable”.
En este sentido, el catedrático de la Rovira i Virgili es “partidario de vivienda pública en propiedad, eso sí, controlando luego” el precio de venta, evitando “la especulación”. Así, considera, “generas economía, generas estabilidad, la propiedad privada siempre genera libertad y dignidad, no tienes un casero” y ha puesto como ejemplo Viena.
MATILDE CUENA: "LA LEGISLACIÓN ES MALA"
Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil Universidad Complutense de Madrid, ha intervenido con la ponencia ‘Okupación de inmuebles: problemática y posibles respuestas’ afirmando que “el incremento tan notable de casos que ha habido en los últimos años, mayor que en el resto de países de nuestro entorno” se debe tanto a que “obviamente hay un problema de vivienda asequible, pero también hay una serie de incentivos regulatorios. La legislación es mala”.
En este sentido, ha indicado que “no hay ningún derecho puede justificar una actuación ilegal y la entrada a un domicilio. No se puede utilizar el derecho a la vivienda como justificación para una ocupación ilegal”, para añadir que no se puede tratar” igual a quien es inquilino con un contrato respecto a quien “ha entrado en muchas ocasiones por la fuerza en un inmueble”.
Sobre soluciones a este problema, la catedrática Cuena Casas considera que habría que aprobar una Ley Anti-Okupación o, “si no tenemos esa ley, basta remover los cambios legales que favorecen la ocupación” o modificar la forma del contrato de arrendamiento.
Además de “establecer medidas cautelares que favorezcan el desalojo, la inviolabilidad del domicilio no puede ser alegada por un ocupante ilegal. Hay que favorecer el desalojo policial. Hay que amparar la legalidad. Hay que no invitar a la ocupación”, ha insistido Cuena.
Un problema añadido, ha explicado, “la absoluta desprotección de los propietarios por una Justicia lenta en la que se quiere invertir y que muchos están utilizando para un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico. De hecho, muchísimas personas que ya ven que su inmueble es ocupado ni siquiera denuncian ante la Policía, directamente llaman a empresas con métodos menos ortodoxos; lo cual es un auténtico fracaso del sistema”.
Todo esto “incrementa o agrava nuestro problema fundamental, que es esta crisis de viviendas asequible que tenemos”, sin olvidar que “la protección de las personas vulnerables tiene lógicamente que venir de la mano del Estado, no de los propietarios privados” ya que “si estos se sienten inseguros, lógicamente no va a sacar los inmuebles en el mercado del alquiler. Todo está conectado”, ha concluido.
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